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miércoles, 31 julio 2013

Hacia la formulación de una política carcelaria con equidad de género


Senador Edgar Espíndola Niño.

El martes 30 de julio de 2013, en el Auditorio Luis Guillermo Vélez del Congreso de la República de Colombia, se llevó a cabo el Foro “Mujer Entre Rejas… ¿Mujer Sin Derechos?”, Hacia una política Criminal con Equidad de Género, evento organizado por La Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la República, presidido por el Senador Edgar Espíndola Niño y el Mayor General Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia, Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), con el fin de exponer un diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos de las Mujeres Privadas de la Libertad.

En el acto al que concurrieron autoridades del Estado, miembros de la cooperación internacional y organizaciones de atención, se escucharon los planteamientos hechos por las reclusas dentro del cual se destacó la creación del Observatorio de Derechos Humanos de las mujeres privadas de la libertad, por iniciativa de las mujeres internas en el Pabellón 8 del Centro Penitenciario el Buen Pastor de Bogotá, con el propósito de gestar y participar en la formulación de una política carcelaria más justa. Esta iniciativa que ha tenido el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y el INPEC, busca mejorar las condiciones de vida de las mujeres privadas de la libertad que demandan tanto políticas que garanticen sus derechos y respeten su dignidad como infraestructuras adecuadas y suficientes que acaben con el hacinamiento y respeten su condición de mujeres y madres.

En efecto, una sociedad que vive a espaldas de los problemas de más de la mitad de sus miembros es una sociedad con un futuro muy incierto; una cosa es la pena privativa de la libertad como medida sancionatoria y disuasoria y otra es el desconocimiento impune de la dignidad humana.

Si ya la pérdida de la libertad es una merma grave al individuo, en la mujer tiene unos efectos más nocivos. Estos efectos vienen determinados por el propio rol de la mujer en la sociedad y por el poco o casi nulo enfoque de género que el Estado da al tratamiento de este asunto. No hay que olvidar que la pena también tiene una función resocializadora cuya labor, tal como lo afirma la Corte Constitucional en su sentencia T153 de 1998, no consiste en imponer determinados valores a los reclusos, sino en brindarles los medios para que, haciendo uso de su autodeterminación, cada interno establezca el camino de su reinserción al conglomerado social. Y es justo desde la perspectiva de la dignidad de las reclusas y de la obligación del Estado de brindarles los medios necesarios para su resocialización que se debe diseñar esa política carcelaria más justa que asegure las condiciones de albergue de las internas, sus derechos al trabajo, a la enseñanza, al servicio de sanidad, a la comunicación con el exterior, a la recepción de visitas, a la atención social, etc. Si no se dan garantías para que esto se cumpla, la mujer reclusa no es la única que está siendo transgredida, también lo está siendo la familia y la sociedad entera.

En la línea de construir la paz, el Programa Construyendo La Paz a través de la Formación, enfatiza en el valor fundamental del trabajo de las mujeres en la sociedad como agentes multiplicadoras de dinámicas que pueden ser favorables o desfavorables a la Paz y el Desarrollo. Del cuidado que se prodigue a las mujeres depende la sociedad que queremos ser y tener, por eso apoyamos las iniciativas de empoderamiento de las mujeres para potenciar su participación en el diseño y formulación de las decisiones que les afectan como personas, como mujeres y como madres.

© Instituto de Altos Estudios Europeos (IAEE)